Las leyes contra los depredadores sexuales

[N. Del T.] En la legislación norteamericana se usa el término depredador para referirse a los criminales violentos, incorregibles; una traducción más ajustada sería criminales sexuales violentos pero, dada la referencia constante a este término en el texto, he preferido mantenerlo.

Las cacerías de brujas de la década de los años 80, con sus alegatos sensacionalistas de sacrificios humanos y animales, rituales satánicos y redes clandestinas internacionales de sexo con menores, han ido desapareciendo de la conciencia pública. Los procesos contra el centro preescolar McMartin y la guardería infantil Fells Acres (más parecidos a un circo que a un proceso jurídico) han sido desacreditados, pero han dejado una herencia odiosa: una nueva legislación que disminuye profundamente libertades civiles hasta ahora consideradas fundamentales.

Lo peor de todo son las leyes contra los depredadores sexuales. Una conducta que hace 40 años podía acabar en una sentencia suave concluye ahora en una sentencia de cadena perpetua dentro de una institución de salud mental de alta seguridad. Pero, lo que es más grave aún, las leyes y las opiniones de los jueces confirmándolas dan a los estados un nuevo mecanismo legal para encarcelar a mucha más gente que a los depredadores.

Las leyes contra los depredadores sexuales violentos, que existen en 16 estados y están bajo consideración en 21 más, ponen al mismo nivel la violencia física que el sexo consentido con adolescentes, así que su alcance se extiende mucho más allá de lo que su nombre indica. Aparte de los que cometen un acto claramente violento como la violación, las leyes también incluyen la mera intención de sexo entre un chaval de 17 años y una persona mayor. A pesar de la caracterización en los medios de comunicación de los depredadores como monstruos, muchos de los procesos jurídicos contra ellos (incluyendo la decisión histórica del Tribunal Supremo apoyando estas leyes, el caso Kansas contra Hendricks) involucran sexo no violento con adolescentes. [1]

Esquivando la ley penal

Las leyes contra los depredadores sexuales son leyes civiles. Por lo tanto, esquivan las protecciones contra el poder estatal que son desde hace ya muchos años parte de las leyes penales. ¿Qué se pierde? Entre otros, el derecho a guardar silencio, el de tener un abogado durante los interrogatorios, el de la fianza, a un proceso con jurado, a un estándar sobre la prueba de culpabilidad fuera de toda duda razonable, y el derecho de apelación. Protecciones fundamentales de la Constitución no existen o están debilitadas, en especial la doble incriminación (castigos múltiples por el mismo crimen, así como el derecho del estado de apelar una decisión de inocencia) y el ex post facto (la prohibición de desarrollar una nueva medida punitiva después de haberse cometido un crimen). Incluso se ha debilitado una de las protecciones más elementales contra la autoridad arbitraria del estado, el Derecho al Proceso Debido, que sí se aplica a las leyes civiles.

Una vez internado en un hospital de salud mental, los depredadores no tienen los niveles de revisión que tienen los otros pacientes internados según las leyes civiles. [2] Estas revisiones adicionales han sido parte del razonamiento de los jueces para explicar porqué el proceso de internar a alguien (que tiene el propósito de proteger y cuidar, no incapacitar) no necesita la prueba de culpabilidad fuera de toda duda razonable, que es un requisito básico de la ley penal.

A pesar de la retórica de los legisladores y fiscales de que estas leyes tienen el objetivo de encarcelar un pequeño grupo de gente muy peligrosa (por ejemplo violadores en serie), en realidad tienen una cobertura bastante amplia. Las leyes contra los depredadores declaran que los que han recibido un fallo condenatorio (en algunos estados, simplemente con ser acusado) dentro de un grupo borroso de conductas de sexo no violentas, son un peligro y por eso pueden ser recluidos de por vida dentro de una institución de salud mental de alta seguridad. Los delitos en cuestión incluyen "cualquier delito [considerado] con motivación sexual" (en la mayoría de los estados), "conducta sexual inapropiada" (Iowa), "individuos que, sin llegar a cometer un delito, hagan algo de naturaleza sexual para asustar a alguien" (Missouri), y un adulto que se toque sus genitales en presencia de un niño (California). Muchas veces se excluye el incesto. La mayoría de las leyes someten a los jóvenes al estatus de depredadores si tienen sexo con otros menores de edad.

Algunos estados pueden empezar procesos de este tipo contra cualquier ciudadano, pero la mayoría tienen como objetivo a prisioneros convictos de un crimen depredador que no han cumplido sus sentencias o están en libertad condicional. Cualquiera que se crea que puede ser un presunto depredador puede ser evaluado por un empleado estatal del sistema de salud mental o un asistente social (algunos estados no tienen ningún requisito sobre las credenciales profesionales del evaluador) como primer paso en el proceso de internamiento. Lo único que el representante del estado y el juez (o jurado en los estados que los usan) necesitan hacer es declarar que el acusado tiene un desorden de la personalidad que hace "probable", "sustancialmente probable" o solamente "más probable que no" que cometa un acto ilícito.

Para la gran mayoría, el resultado es una sentencia de cadena perpetua. Aunque las leyes permiten una revisión cada uno o dos años, el depredador tiene que demostrar que ya no es un peligro. El diario norteamericano Chicago Tribune examinó los niveles de revisión y descubrió que muy pocos han conseguido la libertad. A pesar de haber cumplido sus sentencias penales, ninguna comunidad quiere aceptar a una persona que el estado ya ha calificado como un depredador violento.

Hace un año, el estado de Kansas, con una ley en funcionamiento desde hace más de seis años, puso en "libertad" al primer depredador -para trasladarlo a un correccional. El estado de Illinois, con una ley de la misma época, no ha dejado en libertad a nadie.

El estado de Washington, el primero en la nación en instaurar este programa, ha dejado en libertad a seis personas en una década. Todos ellos a demanda de la fiscalía y con el consentimiento de un juez. Aunque los medios de comunicaciones dieron mucha publicidad y hubo preocupación ciudadana en cada caso, no hubo histeria pública. Pero el único intento del programa mismo de dejar en libertad a un depredador, se convirtió en una controversia política. Los fiscales interrogaron intensamente a los expertos estatales de salud mental, exigiendo pruebas de que este hombre jamás iba dañar a nadie más. En 1984 había violado y golpeado gravemente a dos hermanas de 14 y 16 años. Las víctimas hicieron una declaración emotiva, la prensa escribió editoriales contra su libertad y un jurado lo devolvió al Centro de Internamiento Especial (Special Commitment Center) del estado.

Internamientos Psiquiátricos

La disposición legal rotundamente nueva de las leyes de depredadores es que no es necesario que se diagnostique al acusado con una enfermedad mental. Todo lo que debe hacer el estado es declarar que el acusado tiene una anormalidad mental o un desorden de la personalidad no definido que haga probable que tenga sexo ilícito otra vez. Una "anormalidad mental" o "desorden de la personalidad" no es una enfermedad mental reconocida por los psiquiatras. Es cualquier cosa que un psicólogo o un legislador estatal digan que es.

Hasta ahora, los estados han podido internar a gente contra su voluntad solamente en una situación restringida en que alguien tuviera una enfermedad mental y fuera un peligro para sí mismo u otros.

Solamente hace nueve años que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que los estados no podrían internar a alguien considerado peligroso en una institución de salud mental a no ser que tuviera una enfermedad mental. Un nivel menos estricto (por ejemplo, un desorden de la personalidad) permitiría al estado encarcelar a casi cualquier persona.

Terry Foucha había sido internado en una institución de salud mental después de ser considerado inocente por causa de enfermedad mental. Un comité de revisión del hospital recomendó que se le diera el alta por no tener una enfermedad mental, pero un tribunal estatal ordenó que fuera devuelto a la institución. El tribunal consideró que Foucha era peligroso basado en el testimonio de un médico según el cual Foucha tenía una personalidad antisocial.

Como escribió el juez White al Tribunal Supremo, la mayoría de gente encarcelada tiene un desorden de la personalidad y todos los reclusos, por el hecho de ser culpables de un crimen, podrían ser vistos como peligrosos:

Esta argumentación permitiría al Estado encarcelar por tiempo indefinido a cualquier otra persona declarada inocente por causa de enfermedad mental que el estado pudiera demostrar que tiene un desorden de la personalidad que podría resultar en conducta criminal. Lo mismo sería verdad de cualquier persona declarada culpable, aunque haya cumplido su sentencia. También, sólo faltaría un paso más para sustituir por el internamiento por peligrosidad nuestro sistema actual que, con sólo pequeñas excepciones y aparte de los internamientos razonables por enfermedad mental, encarcela únicamente a aquellos que se ha probado fuera de toda duda razonable que han violado una ley penal.

Pero cinco años después del caso Foucha, el Tribunal dio este paso hacia el internamiento por peligrosidad en el caso Kansas contra. Hendricks. El juez que escribió la opinión disidente en el caso Foucha, Clarence Thomas, estableció la opinión de la mayoría en el caso Hendricks. En una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, el Tribunal estableció dos nuevas reglas para interpretar las leyes de internamiento de los criminales sexuales. Al hacer eso, el Tribunal trasformó de cabo a rabo el sistema actual de internamientos civiles.

Primero, el Tribunal declaró que la "anormalidad mental", según la definición de la ley de Kansas, era suficiente para cumplir con el proceso debido. Los abogados de Hendricks habían argumentado que "anormalidad mental" no equivale a "enfermedad mental", y por tanto no cumplía el precedente establecido por el caso Foucha. El Tribunal rechazó el argumento, declarando, "nosotros nunca hemos requerido que las legislaturas estatales adoptaran una nomenclatura concreta para redactar estatutos civiles de internamiento. Más bien, tradicionalmente hemos dejados a las legislaturas la tarea de definir los términos de naturaleza médica que tengan repercusión legal."

Segundo, el Tribunal declaró que el estatuto de Kansas no resultó en procedimientos penales, y por tanto, el internamiento bajo el Acta no constituía castigo. Esta determinación permitió al Tribunal deshacerse de los derechos de ex post facto y doble incriminación de Hendricks.

Los comentarios posteriores en las revistas legales y de psiquiatría iban desde el malestar a la consternación. Muchos expertos sobre la Constitución estaban horrorizados por el hecho que el Tribunal hubiera borrado lo que hasta ahora había sido una distinción clara entre las leyes penales y las civiles en relación a la privación de libertad de los ciudadanos. Consideran que los estados intentan, como dice Eric Janus, "cobijarse bajo el diagnóstico psiquiátrico y el internamiento civil para evitar la condena por detención preventiva" cuando quieren encarcelar a gente que la ley penal no les permite encarcelar. Por su parte los psiquiatras creen que la opinión del Tribunal rompió el status quo según el cual un diagnóstico de enfermedad mental (según el Manual de Diagnósticos y Estadística de los Desórdenes Mentales, DSM-IV) era un requisito para el internamiento civil.

No sólo para Depredadores

La posibilidad escalofriante es que una calificación similar puede ser aplicada a más gente que a los que han cometido actos violentos o a los que han tenido sexo consentido con adolescentes. Dado que las leyes contra depredadores se aplican a solo un desorden de la personalidad y puesto que no tienen las protecciones de la ley penal, dan a las legislaturas estatales la posibilidad de ampliar el internamiento indefinido a cualquier otro comportamiento que los legisladores vean como anormal o delincuente.

"El término 'anormalidad mental' puede ser empleado para abarcar todo tipo de comportamientos que no estén relacionados con una enfermedad mental," dice Michael Allen del Bazelon Center for Mental Health Law. "Esta ley permitiría el internamiento de alguien que simplemente esté inadaptado."

Quizá los psicólogos forenses que trabajan en los departamentos de salud mental estatales estén contentos de tener poderes más amplios para internar gente, pero no las organizaciones psiquiátricas principales, que ven poco ético el encarcelamiento de gente que no tiene una enfermedad mental en una institución psiquiátrica.

"Es un abuso de la psiquiatría," dice el doctor Howard V. Zonana, presidente del grupo de trabajo sobre criminales sexuales peligrosos de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. "Una vez están internados, es muy difícil que consigan salir. Estos estatutos están cambiando claramente la base del internamiento civil, pero se limita de momento a los criminales sexuales. Pero supongamos que tomemos a los matones a sueldo que tienen un desorden antisocial de la personalidad. Podríamos decir que estos también amenazan el público y ¿cómo se les puede dar la libertad?"

"Depredador" ha sido un término usado para los asesinos desde la época del director de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Iinvestigation, FBI) J. Edgar Hoover. Pero ahora el gobierno tilda a otros de depredadores, incluyendo a los jóvenes.

Un proyecto de ley en la cámara de representantes de los Estados Unidos titulado "Acta Sobre Jóvenes Depredadores Violentos" ("Violent Youth Predator Act") eliminaría el mandato federal de que los estados pongan en libertad a los llamados delincuentes menores (status offenders). Estos son menores culpables de "crímenes" como hacer novillos o incorregibilidad, aplicables solamente porque no son adultos. No hay que dar un gran salto para imaginar que ciertos tipos de jóvenes incorregibles puedan ser calificados como inadaptados y potencialmente peligrosos.

Aunque el estatuto de Kansas utiliza tanto "desorden de la personalidad" como "anormalidad mental" para los individuos sujetos a internamiento, no define desorden de la personalidad y los psicólogos están divididos sobre qué es lo que merece un diagnóstico de desorden de la personalidad.

El resultado, escribe Katie Isaac en el Houston Law Review, es que las opiniones de los tribunales en el futuro van a determinar a quien más aplican estos términos. El Tribunal Supremo es plenamente consciente de ello, dado que algunos de sus jueces preguntaron durante las vistas orales del caso Hendricks si los estados pueden internar legalmente a un ladrón a mano armada que se considere que tiene una "personalidad sociopática."

Además, el caso Hendricks permite a los estados vincular cualquier conducta criminal en el pasado a una "anormalidad mental" o "desorden de la personalidad" para justificar el internamiento civil, observa Adam Falk en el American Journal of Law & Medicine. Un estado puede vincular el conducir en un estado de embriaguez a desórdenes de abuso del alcohol, o, de manera semejante, crímenes de drogas a desórdenes relacionados con la cocaína, estupefacientes o marihuana. "De esta manera, un estado puede internar civilmente a todas las personas que son culpables de crímenes relacionados con drogas o alcohol. El caso Hendricks no pone límite alguno al alcance del poder del estado."

Yendo un poco más allá, Isaac observa que se ha argumentado que los factores psicológicos que conducen a la violación son parecidos a los que conducen a otros crímenes graves que no se consideraban causados por enfermedad mental. Puesto que el estatuto de Kansas -como los demás- aplica a la violación, y si la violación es el resultado de los mismos factores que conducen a otros crímenes sin motivación sexual, "quizás la decisión del caso Hendricks supone un paso de gigante para permitir el internamiento civil de cualquier criminal violento que el estado considere probable que cometa crímenes en el futuro."

Reinventando las Instituciones de Salud Mental del Estado

Los lugares donde se encarcela a los depredadores son los hospitales para enfermedades mentales del estado, instituciones que han tenido una mala fama desde hace ya muchos años. También los encarcelan en "centros de tratamiento" de salud mental de alta seguridad, bajo la supervisión del sistema estatal de prisiones.

Hace 40 años, la presión pública, incluyendo películas como "Titicut Follies" y la famosa novela Alguien voló sobre el nido del cuco, pusieron al descubierto abusos generalizados dentro de las instituciones de salud mental del estado y ayudaron a relanzar un movimiento para trasladar a mucha gente con enfermedades mentales a programas locales considerados más humanos en esa época.

Pero ahora las instituciones han vuelto, reinventándose a sí mismas para aprovechar la necesidad de internar a los depredadores. En un momento de asistencia sanitaria mental muy inadecuada para muchos norteamericanos, sitios como el Atascadero State Hospital en el estado de California tienen muchos recursos. Aunque ya era una de las instituciones forenses más grande del mundo, Atascadero está construyendo más celdas y contratando a más empleados, desde técnicos en psiquiatría hasta terapeutas musicales, para tratar a los depredadores. Pero las afirmaciones de Atascadero y las otras instituciones sobre lo que van a hacer por los internos (y el tratamiento es una clave del apoyo de los tribunales a las leyes contra los depredadores [3]) no tienen relación alguna con la realidad. Y lo que es peor, parece que están repitiendo la misma lamentable historia de incompetencia psiquiátrica, abuso de pacientes, encubrimientos, y resistencia a la intervención externa de sus predecesores de hace una generación.

Al estilo de una vieja cárcel sureña, la nueva institución para los depredadores en Washington, el Centro de Internamiento Especial (CIE), ya está bajo la supervisión de un Asesor Especial designado por los tribunales y afronta la posibilidad de grandes multas como resultado de un pleito, que lleva muchos años, en un tribunal federal. Escondidos en áreas remotas, de difícil acceso para los familiares y medios de comunicación, los otros centros son más nuevos y aún no están sujetos al mismo escrutinio por parte de la justicia.

No obstante, los informes que tenemos de los periódicos y de las revisiones de los estados muestran tendencias bastante preocupantes. Un problema común es que el personal tiene muy poco adiestramiento, muchas veces con educación mínima y sin ninguna certificación en tratamiento de criminales sexuales y no están seguros si se supone que son carceleros o asistentes psicológicos. Las programas de tratamiento que intentan llevar a cabo cambian constantemente. Muchos de los programas no se adaptan individualmente sino que tienen el mismo enfoque para todos los internos, desde un violador violento mayor de edad, a un joven que mantuvo sexo consentido con su novia menor de edad. Hay cambios constantes en el personal y en la administración, y el personal recibe directrices confusas y contradictorias de la Dirección.

Y la administración no es mejor. Muchos no tienen ninguna credencial para el tratamiento de criminales sexuales, otros muestran incompetencia, algunos claros prejuicios contra la gente de color y unos pocos directamente una conducta criminal. Por ejemplo, el director del programa del estado de Wisconsin fue despedido en julio del 2000 después de ser acusado de adulterar los expedientes de los pacientes, mentir ante el tribunal y falsificar sus propias credenciales - esto después de haber obtenido mucha publicidad en los diarios del estado por abogar a favor de medidas más estrictas para los depredadores, porque eran manipuladores y falsos. Según un boletín publicado por el ex defensor de los derechos de los internos (ombudsman) del Centro de Internamiento Especial en Washington, designado por el tribunal, un director del Minnesota Security Hospital atacó sexualmente a dos empleadas y un psiquiatra del CIE fue disciplinado por la comisión estatal de calidad médica, acusado de tener una relación impropia con una paciente femenina que posteriormente intentó suicidarse.

El CIE de Washington tuvo un director clínico con poca experiencia previa en crímenes sexuales. Su predecesor, que sí tiene buenas credenciales, había dimitido, declarando que el programa era "disfuncional" y criticando fuertemente al jefe del CIE por sabotear su trabajo y ocultar información clave. El tribunal federal destapó múltiples casos en los que el personal abusaba físicamente y verbalmente de los internos (muchos de ellos con retrasos de desarrollo) así como supervisores que falsificaban expedientes de los pacientes y desafiaban continuamente la revisión del tribunal. El Juez William Dwyer declaró al CIE en desacato y acusó a la Dirección de "caer en una pauta fija de primero negar que ha pasado algo (en el centro), luego ocuparse alocadamente de hacer mejoras antes de la próxima audiencia, para luego admitir [en la audiencia] que siguen existiendo deficiencias de magnitud constitucional, y finalmente volviendo a mentir."

El Atascadero State Hospital en California tiene una de las peores puntuaciones de los hospitales estatales, con una comisión de reconocimiento acusando al hospital de sobremedicar a los internos, mantener expedientes inadecuados de los pacientes y con un personal sin credenciales adecuadas. Los internos en Arizona se quejan de no ver medida alguna del progreso del tratamiento, quizá porque las instalaciones no tenían director clínico y los que estaban efectuando los programas de tratamiento eran especialistas en actividades lúdicas. El año pasado, el centro de Florida tuvo una fuga espectacular en helicóptero, maquinado por el amante menor de un interno. Una revisión posterior criticó al centro por permitir a los internos prostituirse por comida; acoso sexual entre el personal de tratamiento, cosa que el centro trató de ocultar no asistiendo terapeúticamente a las víctimas; y expedientes en tan pésima condición que los revisores no podrían decir si los prisioneros estaban haciendo ningún progreso en el programa de tratamiento.

No hay un estándar para el tratamiento

Este último descubrimiento es común a muchos programas. No debe sorprendernos, porque no hay un estándar aceptado de tratamiento. Los que dirigen las instituciones reconocen que sus programas son experimentales. Los funcionarios que supervisan el departamento de salud mental de Illinois dicen que no tienen ni idea si el programa de tratamiento es un éxito o no. Esta conclusión también se repite en las publicaciones especializadas. Un estudio exhaustivo del Canadian Correctional Service reportó, "una respuesta ya conocida a la cuestión '¿Funciona el tratamiento para los criminales sexuales?' es la siguiente: "Todavía no estamos seguros."

Mientras los que están tratando a los depredadores admiten que sus métodos no están demostrados, grupos por la salud mental fuera de la comunidad psicológica forense, sobre todo la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, los censuran como ineficaces y poco éticos.

Por ejemplo, la mayoría de programas usa un cuestionario llamado RRASOR (Asesoría Rápida del Riesgo de Reincidencia en Crímenes Sexuales, o Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism) para juzgar si una persona debe ser calificada como un depredador, y si lo es, si va a reincidir si es dejado en libertad. RRASOR y su sucesor Static-99 son la creación de un funcionario de prisiones, Karl Hanson. Estos cuestionarios usan una técnica meta-analítica para examinar los estudios publicados sobre reincidencia de criminales sexuales, poniendo un lustre de objetividad estadística para complementar lo que se ve generalmente como opiniones clínicas subjetivas e inexactas.

Estos cuestionarios están lejos de ser ciencia generalmente aceptada. Se basan únicamente en unos pocos estudios sobre reincidentes. Sus variables de pronóstico de riesgo, la mayoría de las cuales tiene como objetivo a los homosexuales varones, se derivan de informes policiales inexactos, anticuados y no sujetos a revisión imparcial. Tampoco Hanson ha sujeto a RRASOR al escrutinio de otros colegas sino que simplemente lo ha puesto en un sitio de la Web del gobierno Canadiense.

Importantes psiquiatras condenan estos cuestionarios. El doctor Fred Berlin, fundador de la clínica de desórdenes sexuales de la Universidad Johns Hopkins y profesor asociado de psiquiatría del Johns Hopkins Hospital, ha dicho que está "muy preocupado" por el uso de tales cuestionarios para negar la libertad a alguien: "Ud. puede usarlo y equivocarse totalmente.... si los psiquiatras están haciendo juicios de esa forma, están actuando de una manera incorrecta...." . Por lo menos un tribunal ha prohibido el Static-99 debido al testimonio de Berlin, ridiculizando los jueces ese cuestionario.

RRASOR puede ser nuevo pero muchas de las prácticas de estas instituciones no han cambiado mucho desde los años sesenta. Entre los protocolos de Atascadero y otros centros tenemos:

Control del Pensamiento

Otra práctica que no ha cambiado pero que se ha hecho más meticulosa es el control del pensamiento. Algunas instituciones exigen a sus psicólogos y a otros guardianes observar a los depredadores durante las 24 horas (incluyendo sus comentarios informales, su correo y las cosas que les gusta leer en su tiempo libre) para encontrar cualquier indicio de que no creen totalmente lo que enseña el programa del tratamiento.

Por necesidad, los sistemas que implementan las leyes de depredadores están hechos para detectar y castigar creencias. En ausencia de métodos objetivos, las creencias son la única manera que tiene el estado de determinar si un depredador ha cambiado y puede ser liberado.

Los reclusos dentro de una institución penal pueden creer lo que quieran e incluso pueden actuar en consecuencia, dentro de un límite, por ejemplo, afirmar su inocencia y hacer peticiones en su defensa ante el tribunal. Para los depredadores, cualquier intento de afirmar sus creencias los encierra en una batalla ideológica con el estado. No importa que haya un grupo de estudios (pequeño y controvertido) que defienda que el sexo entre menores y adultos no necesariamente es dañino. Cualquier intento de un depredador de racionalizar su conducta es negarla, y negarla se considera incumplir con el tratamiento.

En vez de eso, los depredadores deben probar una negación, que no queda duda que ya no son peligrosos. Esto es un estándar difícil de alcanzar. Para probar una negación, hay que hacerlo absolutamente. Cualquier duda implica que un depredador puede cometer otro crimen.

Minando el Derecho al Proceso Debido

El historiador Philip Jenkins apunta que ha habido una pauta de indiferencia relativa a la idea de sexo entre niños y adultos cada una o dos décadas, seguida por un crimen notorio que incita al pánico y una posterior legislación mal concebida. Según él, hoy esto ha culminado en una represión aparentemente permanente. En su libro Pánico Moral afirma que el movimiento contra el abuso sexual de menores es "casi indestructible" y observa que ha seguido ganando fuerza a pesar de fracasos como los fiascos de las guarderías y las memorias reprimidas (este último aún colea en los libros de texto de psicología forense, rebautizado por sus creyentes como "amnesia traumática").

Es probable que el número de personas internadas como depredadores, ahora unos pocos cientos, suba hasta decenas de miles en unos pocos años, debido a un influjo constante y a las políticas de "no salida" de los programas estatales. Reforzados por leyes que requieren profesionales con credenciales y que las personas que tengan ciertos tipos de trabajo denuncien el sexo ilícito, respaldados por amplios recursos de asistentes sociales, psicólogos y policías, y aprovechando la pérdida de protecciones de la ley penal, no queda duda que se encarcelará a más gente por un tiempo indefinido.

Pero la mayor preocupación es la línea que cruzamos cuando perdimos protecciones constitucionales fundamentales.

Todos los derechos erosionados por el caso Hendricks son importantes, pero quizá ninguno tanto como el derecho al proceso debido. Parte de las "grandes salvaguardas que adopta la ley en el castigo del crimen y el mantenimiento de la justicia", ha funcionado durante siglos, desde los egipcios hasta los aztecas, formando parte de cualquier civilización que pretenda seguir la regla de la ley. Significa la imparcialidad fundamental, la de impedir al Estado usar sus grandes poderes de manera arbitraria. Es una fundación moral esencial de nuestra democracia, parte del conjunto que obliga al Estado a resguardar nuestro derecho a vivir en libertad.

La decisión del Tribunal Supremo en el caso Hendricks permite a los estados determinar que un individuo puede controlar su conducta para el caso de internamiento penal pero sin embargo no puede controlar la misma conducta para el caso de internamiento civil. Esto elimina lo que han sido clarísimos estándares limitando cómo y cuándo podía el gobierno internar a la gente. Le da al Estado un nuevo gran boquete para internar a sus ciudadanos de acuerdo con la ley.

Queda pendiente ver si la línea se va a quedar en los depredadores o si el gobierno intentará encarcelar a otra gente considerada inadaptada y peligrosa. Es sumamente preocupante saber que ya tiene el poder para hacerlo.

Nota del autor, febrero de 2002

El 22 de enero de 2002 el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictó su decisión en Kansas contra Crane, un caso histórico que pone un límite -aunque pequeño- al poder de los estados para internar a la gente. En una decisión de 7 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal estableció una nueva regla que dice que los estados tienen que probar que a una persona le faltó control de sus acciones. El estándar que puso el Tribunal es de "probar una dificultad importante en controlar el comportamiento" ("proof of serious difficulty in controlling behavior"). Antes, los estados tenían que probar nada más que la persona tenía una anormalidad mental o desorden de la personalidad indefinido.

Es una decisión importante porque, para la gran mayoría de personas encarceladas como depredadores, los estados no han probado que les faltaba control de sus acciones. Por lo tanto, estos pueden hacer ya una demanda de otro proceso jurídico en que el estado tendrá que mostrar que ellos tenían una dificultad importante para controlar sus comportamientos. Esto podría ser un estándar difícil de alcanzar. Faltando una admisión previa del depredador en sentido contrario, como ocurrió en el caso de Hendricks (vea arriba), los depredadores pueden argumentar que tuvieron control de su comportamiento. Por otro lado, es posible que los psicólogos forenses que trabajan para el estado puedan inventar lenguaje y términos para convencer el juez o jurado que una persona no tenía control. Lo que es cierto es que habrá más pleitos -y por eso más gastos para los estados- para poder internar a la gente como depredadores.

1 [regresar]Aunque fue caracterizado por los medios de comunicación como sumamente peligroso, el estado de Kansas nunca alegó que Leroy Hendricks usara violencia o amenazas de violencia. El crimen por el que fue encarcelado 10 años antes de ser internado por tiempo indefinido fue tocar las entrepiernas de dos niños vestidos de 13 años. Andriette, B. (1997, agosto). America's Sex Gulags. The Guide . Este tipo de exageración es típico cuando se propone legislación represiva, como hemos visto con las leyes anti drogas. Sobre esto último se desencadenó el pánico en Norteamérica con las leyes Rockefeller en 1983. Las cárceles se llenaron con pequeños criminales no violentos. Schlosser, E. (1998, diciembre). The Prison-Industrial Complex. The Atlantic Monthly.

2 [regresar]En su análisis de Addington contra Texas, Eric Janus remarca que hasta ahora los internamientos civiles facilitaban las revisiones profesionales y la corrección de errores, usando límites cortos para el internamiento y permitiendo que el personal del tratamiento decidiera el alta de los pacientes en vez de los tribunales. Janus, E. (invierno , 1996). Preventing Sexual Violence: Setting Principled Constitutional Boundaries on Sex Offender Commitment. Indiana Law Journal, vol. 72, no. 1.

3 [regresar]Aunque los jueces dictaminaron que el requisito de anormalidad mental combinado con peligrosidad cumplían el estándar del derecho al proceso debido, los jueces en posición minoritaria creyeron que el estatuto de Kansas era punitivo y por tanto violaba las prohibiciones constitucionales contra la doble incriminación y el ex post facto. Esto indica a los estados que la constitucionalidad de sus programas de depredadores será juzgada en parte por la eficacia de sus programas de tratamiento. Hendricks, citado por Connelly, C. y Williamson, S. (2000). A Review of the Research Literature on Serious Violent and Sexual Offenders. Edinburgh: Scottish Executive Central Research Unit.